O Catalunya tiene mala suerte, o existe una confabulación en contra de ella, o en última instancia tenemos una clase política patética, más preocupada de hacer debates que no van a ningún lado, que de resolver los problemas de la ciudadanía.
Los impuestos en Catalunya, además de ser altos, son pagados mayoritariamente por la clase obrera: el Impuesto de la renta, los impuestos especiales (combustibles, tabaco, bebida, etc.), el IVA, los impuestos en los recibos del agua y la electricidad, etc., la lista es tan larga.
A cambio los ciudadanos de Catalunya recibimos unos servicios, en algunos casos patéticos: mala calidad del agua, constantes variaciones en la potencia eléctrica, un sistema deficiente a todas luces de transporte público, etc., la lista sería larga.
Para colmo de esta situación nuestros políticos, tienen igual que Felipe II, aquel que mando sus barcos a invadir Inglaterra y los destruyo una tormenta, luchar contra la mala suerte y las adversidades climáticas: un cruce de cables eléctricos dejan a Barcelona sin suministro eléctrico, dejando un nuevo aliciente para los turistas, la colección de generadores en las calles; un mal rayo deja sin servicios los trenes con dirección a Girona y colapsa el sistema ferroviario; se repite esta situación hasta tal punto, que los ciudadanos ya no se preocupan por el tiempo o por el tráfico, sino por saber que se ha estropeado está semana.
Todos estos problemas no tienen un origen en la mala suerte, al contrario, son el resultado de unas políticas orientadas a la privatización de estos servicios antaño públicos, y a garantizarles a sus nuevos dueños el mayor beneficio posible, son el resultado de la falta de inversiones, tanto del estado como de las empresas privadas, en el mantenimiento y ampliación de los servicios en consonancia con las necesidades de la ciudadanía.
Nuestros “políticos” demuestran estar a la altura de un gobierno bananero: por un lado, están más preocupados de ser invitados a las reuniones empresariales, que de exigir a esas empresas el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por las cuales tienen la gestión de esos servicios, y tienen importantes beneficios; por otro lado, se llenan la boca con las medidas y las sanciones que van a tomar contra las empresas, incluida la alcaldesa accidental de Barcelona Imma Mayol, mintiendo como siempre, FECSA todavía no ha pagado las multas impuestas por el anterior apagón, así que no debe temblarles el cuerpo esperando la sanción.
Lo que colma el despropósito, es que ninguno de estos malos gestores, tiene la más remota intención de dimitir por su incompetencia, todo esta bien, y los ciudadanos tenemos que tener paciencia. ¡Hasta cuando!
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